Modificaciones a las normativas que protegen nuestra salud
El consumo de tabaco aumenta el riesgo de infecciones por SARS COV 2 y de complicaciones en la evolución. En medio de la preocupación por la crítica situación de la pandemia, donde Uruguay se encuentra entre los países de mayor tasa de transmisibilidad a nivel mundial, la aprobación de un Decreto que debilita la Política de Control de Tabaco, implica un grave retroceso en la protección de la salud de los uruguayos.
El mismo fue elaborado y aprobado sin consultar al Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, ni a la Comisión Interinstitucional Asesora, que desde el año 2004 tiene el cometido de asesorar al Ministerio en lo concerniente a la Política de Control de Tabaco.
Se habilita a la Industria Tabacalera a comercializar un producto nuevo en el mercado (dispositivos electrónicos para consumir tabaco calentado), sobre el cual hay evidencia de sus daños a la salud y está dirigido a captar consumidores jóvenes.
La Organización Mundial de la Salud establece que la evidencia actual no muestra que estos productos reducirán las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. Muchas de las sustancias químicas generadas por los productos de tabaco calentado son similares a las generadas por los cigarrillos convencionales, pero además existen otras sustancias químicas que no están presentes en las emisiones de los cigarrillos convencionales y que también serían tóxicas, generando daño a las personas que lo consumen.
Las autoridades sanitarias vuelven a permitir modificaciones que no se sustentan en argumentos de salud pública, sin priorizar el principio precautorio al momento de definir las políticas de salud, ni la protección de la salud pública por sobre los intereses económicos, incrementando el riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles.
Con este retroceso, Uruguay continúa perdiendo su prestigio internacional en la protección de la salud de su población.
Desde la Sociedad Civil, Científica y Academia, solicitamos que el gobierno y en especial el Ministerio de Salud Pública revea esta situación y tome sus decisiones en base a evidencia científica libre de conflictos de interés, para proteger la salud de todos los uruguayos.
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